Impunitas atis (sin 


Impunitas atis (sin castigo)


Roberto Fleischer Haro/

Día de publicación: 2017-08-15

 

Históricamente algunos de los fenómenos que incidieron en el proceso de convertir a la impunidad y la corrupción en formas de comportamiento común en ciertos ámbitos, cómo fueron convirtiéndose en prácticas cotidianas en las estructuras gubernamentales, entre los funcionarios públicos y en las organizaciones sindicales. Es conveniente aclarar que la impunidad y la corrupción no son aceptadas por la ciudadanía en general, sino que cuestionadas y criticadas, pero se toleran como un mal constitutivo del sistema judicial mexicano.

 

Es conveniente definir el concepto de impunidad. La palabra procede del sustantivo latino impunitas-atis, cuyo significado literal sería “sin castigo”.

 

Esto nos refiere a un sistema legal donde se encuentran tipificados los delitos y los castigos que implica el transgredir las leyes. Por tanto, la impunidad se encuentra referida a la ausencia de castigo por un delito que se comete.

 

Por otra parte, la palabra corrupción procede del verbo latino corrumpo-is-ere-rupi-ruptum, que significa corromper, descomponer, sobornar. Aunque ambos fenómenos son diferentes, se encuentran íntimamente ligados porque, en un sistema en que se permite la corrupción, ésta puede lograr la impunidad.

 

El problema más importante en este rubro lo constituye, sin lugar a dudas, el de la impunidad, pero ¿Cómo entender este fenómeno? La impunidad no es otra cosa sino la indebida u omisa aplicación de la Ley a favor del delincuente, esto es, significa que la

 

autoridad omita o tan sólo cumpla mínimamente con su función de brindar seguridad pública, propiciando una conciencia de que la violación a la Ley no siempre arroja la consecuencia esperada.

 

Desde hace años se ha destacado que no hay mayor impunidad que la propiciada por las deficiencias administrativas que privan en los órganos de procuración de justicia, sobre todo en atención a la manera como se encuentra distribuida su carga de trabajo; alguien podría imaginar que una institución pueda funcionar de manera adecuada vía la distribución de trabajo como si se tratara de la labor en una fábrica.

 

Al momento de presentarse una denuncia ante el Agente Investigador del Ministerio Público, después de mucho peregrinar, se le da entrada y ese servidor público sólo interviene hasta el momento en que pone en conocimiento del Juez la investigación, a partir de dicho momento es otro Agente del Ministerio Público que conoce de la averiguación consignada. En caso de cualquier apelación, es otro el que conocerá y, por supuesto, si sobreviene un juicio de amparo, también intervendrá otro Agente del Ministerio Público.

 

Lo anterior propicia que el único beneficiado en esta distribución administrativa de la función persecutora sea el delincuente o bien el individuo sujeto al proceso.

 

Esta cuestión calificada desde hace más de dos décadas como la ruta de la impunidad en la procuración de justicia y que perfectamente podría resolverse con una simple reestructuración de los procesos de administración internos de las

 

Procuradurías, lo cual esperamos se haga realidad y permita que las víctimas de los delitos tengan la certeza de que serán atendidas por el mismo servidor público ante el cual presentaron su denuncia hasta en tanto se resuelva en definitiva el asunto.

 

Roberto Fleischer Haro.

 

Miembro de la IV generación de egresados de la Escuela de Policía del Estado de Sonora.

 

Registro Nacional de Seguridad Pública FEHR440205H223583

 

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